Este día recuerda el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron y tomaron el poder del gobierno constitucional de Isabel Perón, a través de un golpe de Estado.
Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976. La junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
Este golpe cívico-militar dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la más atroz dictadura que se extendió por más de siete años y que tuvo como consecuencia la desaparición de 30.000 personas.
Porque son 30.000 los desaparecidos?
En principio la cifra es simbólica, porque no hay herramientas para reconstruir el número sin confesión de los propios militares. Aunque hay algunas cuantas pistas e indicios que nos acercan a este número.
En un reportaje del año 2001, Videla decía: “La sociedad argentina no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario y así hasta 5 mil, 10 mil, 30 mil. No había otra manera. Había que desaparecerlos. Dar a conocer donde están los restos? (…) Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quien mató, donde, cómo.”
Existen también los informes que realizaba la inteligencia de Chile que habla de 22.000 personas.
Y otro de la Cruz Roja internacional que habla de 20.000 personas. Ambos informes pertenecen al año 1978. Sólo el recuento de estas cifras corresponden al primer año que duró la dictadura.
Se suele citar el informe del Libro NUNCA MÁS de la CONADEP por la cifra mencionada de 8.961 a la que se llegó en 1984 donde sumaron denuncias de familias más lo que encontraron en los centros de detención.
Este informe sirvió para probar el plan sistemático y fue la base del Juicio a las Juntas. Estas denuncias sólo se realizaron durante 8 meses, en un marco de muchas presiones para evitarlas y encima poco después el Estado sacaba las leyes de punto final que desincentivaron a seguir denunciando.
También podemos aplicar el pensamiento deductivo: se conocen más de 500 centros clandestinos de detención, con que 60 personas hubieran pasado por esos centros, alcanzaría para llegar rápidamente a la cifra de 30.000 detenidos.
Pero sabemos que por la ESMA pasaron unas 4.500 personas, en Campo de Mayo 4.000, La Perla (Córdoba) unas 2.500, el Vesubio en La Matanza unas 2.000 y en el Club Atlético unas 1.500 personas. Los números no son tan lejanos.
En la primera ruptura total del pacto de silencio, Scilingo reveló que los prisioneros en la ESMA fueron arrojados vivos al mar por orden de las autoridades superiores de la Armada. El testimonio clave sobre los dos vuelos en los que él quitó la vida con ese sórdido método a treinta personas indefensas. La confimación de que todos los oficiales de la Armada participaron en forma rotativa.
Además informes de las Fuerzas Armadas hablan de 150 mil militares dedicados a las tareas de persecución, un gran número de uniformados.
Es tan importante el número? Porque se lo cuestiona?
Es una vil estrategia para deslegitimar la base del reclamo, cuestionando el número se puede cuestionar la validez de la denuncia.
Pero no hacen falta que los números sean tan grandes para entender que las denuncias son graves. Haya sido 1 desaparecido o 30.000 es igual de grave. Y más grave aún es que la desaparición forzada de personas haya sido perpetuada desde el estado y como un plan sistemático de exterminio de personas, de ciudadanos.
Videla fue enjuiciado como autor de 66 homicidios, 306 secuestros y 97 torturas.
Massera es enjuiciado como autor de 3 homicidios con alevosía, 12 tormentos, 69 privaciones ilegítimas/ ilegales de la libertad, 7 robos, 17 desnudos públicos y 3 vandalismos pueriles.
Viola es enjuiciado como autor de 86 secuestros, once actos de tortura y tres robos.
Y así la lista sigue y sigue. Los juicios son públicos y por suerte acá en Argentina tenemos la posibilidad de googlear y acceder a esos resultados y archivos. Por lo que muchas veces llegamos fácilmente a lograr derribar la “mentira mediática” que en varias ocasiones intentan imponer algunos medios desinformativos.
Las disputas por las cifras viene acompañado de otras acusaciones más graves “fue una guerra y hubo excesos” y “a los guerrilleros también había que juzgarlos”. Para poder juzgar a los guerrilleros primero tendrían que decir que hicieron con los cuerpos que todavía faltan.
Cuando se habla de “Guerra” se entiende que la muerte en un enfrentamiento es parte de la contingencia y el ataque a objetivos militares es esperable. Pero la guerra tiene reglas, que no permiten torturas, secuestros clandestinos y mucho menos la desaparición de bebés (se estiman al menos 500) y estas penas se agravan cuando provienen del Estado.
¿Hubieron excesos? Todo lo mencionado y las pruebas reunidas por la Justicia demuestran que fue un plan premeditado, sin excesos y que por lo tanto corresponde la categoría de crímenes de “lesa humanidad”.
¿Por qué los crímenes de Montoneros y ERP no son de Lesa Humanidad?
Según tratados internacionales de “lesa Humanidad” son crímenes cometidos desde el Estado contra la población civil, de manera sistémica y generalizada y con plena conciencia de los mismos y éstos son delitos que no prescriben.
Las 1.094 personas muertas por las agrupaciones armadas fueron catalogadas como delitos comunes, es decir como asesinatos y debieron haber sido juzgadas en su tiempo, pero la dictadura prefirió otro camino en vez de juicios.
Los líderes sobrevivientes de ERP y Montoneros fueron juzgados por Alfonsín y luego indultados por Menem junto a los militares.
El resto de las causas ya prescribieron y no pueden volver a ser juzgadas.
¿Se pueden recordar/reconocer la gravedad de esos atentados?
La memoria es necesaria siempre, y no tiene que ser un problema su recuperación. Pero esto no tiene que significar una reivindicación al accionar militar, porque ya el análisis histórico probó suficientemente que la dictadura no se enfocó solamente en la eliminación de aquellos militantes de grupos armados, sino que atacó a sus familias, amigos, allegados, etc.
También muchos reclaman que hay pensiones para familiares de víctimas de la dictadura y no para víctimas de los grupos armados.
Legalmente sería como darle una pensión a las víctimas de cualquier asesinato. Si ese es el eje del debate, no es un problema para aquellos que reivindicamos que el Estado acompañe a todas las personas, pero sabemos que es un chivo expiatorio para volver a justificar el terrorismo estatal.
¿Está mal volver a debatir los `70 y los ´80?
No. Es necesario volver a explicar que pasó, quienes fueron responsables, que hicieron y con que sentido. Revisar los argumentos para reforzar que no se excedieron sino que lo planificaron. No atacaron a “terroristas”, atacaron a toda la población argentina. No mostraron los números, los juicios, las detenciones, porque sabían que eran ilegales. Y sobre todo, lo hicieron de manera consciente y no se arrepienten de haberlo hecho.
Es por esto que la sociedad argentina no debe olvidar su historia. Es un ejercicio el de sostener la Memoria colectiva. “Quién olvida su historia esta condenado a repetirla”, esta frase del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana da la bienvenida a los visitantes del campo de concentración Auschwitz. La pregunta es: si nadie cuestiona el holocausto en Alemania porque todavía hay sectores que cuestionan la dictadura militar en Argentina?.
Memoria Activa . “Quién olvida su historia esta condenado a repetirla» . Por eso en Argentina decimos Nunca Más !
