Contra un fallo que reclaman Trump, la AmCham y la ultraderecha internacional.
Declaración del partido Política Obrera
La Corte Suprema de la Nación ha tomado la decisión de adelantar la sentencia condenatoria de la expresidenta Cristina Kirchner para una fecha anterior a la inscripción de listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento, más allá del contenido de la condena, tiene el propósito de inhabilitarla como candidata para esos comicios.
La Corte tiene su autoridad política profundamente menguada, pues se encuentra virtualmente vacante, reducida a tres miembros durante un tiempo prolongado, que no esconden el choque de apetitos políticos que los separan. El contenido mismo de la condena es igualmente cuestionable, pues aunque sus fundamentos ofrecen pruebas materiales acerca del manejo muy irregular del manejo de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, no aporta pruebas materiales del beneficio que habría reportado a la imputada. En otro caso, altamente similar, como lo es la causa Cuadernos, la Justicia ha absuelto a empresarios que han cartelizado el acceso a la obra pública mediante coimas a funcionarios del Estado.
El régimen judicial ha permitido el vencimiento por prescripción de los delitos cometidos por Domingo Cavallo y Federico Sturzengeger con los “megacanjes” y “blindajes” con el FMI, en 2001, que inflaron la deuda pública en 40 mil millones para financiar la fuga de capitales y precipitar el default contra los depósitos de los clientes de los bancos. También cubre con un manto de impunidad a los varios casos en que está implicado Mauricio Macri. En el momento actual, mira hacia otro lado en la causa $Libra, que la Corte debería tomar como originaria por tratarse de un presidente de la Nación. Lo mismo ocurre la fuga del oro y los préstamos “repo” de Luis Caputo, que involucran tasas de rendimiento que superan a los que corresponden al llamado “riego país”. Ni hablar del endeudamiento de 2018 con el FMI para habilitar otra fuga de dinero, esta vez por 45 mil millones de dólares. Carlos Saúl Menem, por último, obtuvo el tiempo judicial necesario para refugiarse en el Senado como una guarida.
La exigencia más apremiante para hacer efectiva la condena de CFK ha provenido de la Cámara de Comercio Americana (AmCham) y de parte del gobierno de Donald Trump, que no ha esperado al fallo de la Corte para prohibir el ingreso a Estados Unidos por “corrupción” de la expresidenta. Son los mayores beneficiarios económicos y geopolíticos del gobierno actual. Dejaron atrás las ventajas que CFK les otorgó en el pasado, como la entrega de los glaciares a Barrick Gold, de Vaca Muerta a Chevron, o el veto al 82% móvil a los jubilados, y el dejar hacer con la informalidad y la precariedad laboral, y el combate al clasismo en los sindicatos. Cristina Fernández de Kirchner todavía no ha dicho una palabra contra la “limpieza étnica” del estado sionista en Palestina. La AmCham y Trump temen que un debilitamiento electoral de LLA ponga en jaque a un gobierno que conduce a Argentina por la depresión económica (deflación), al default y al derrumbe político a manos de una rebelión popular. “Los favores recibidos creo habértelos pagado”, le dice la oligarquía financiera internacional a la expresidenta, mientras descuenta que la volverá a tener de su lado cuando la estantería liberticida se venga abajo. Milei y Caputo le han dejado a la Corte hacer el trabajo sucio de una proscripción. Al final, quienes llamaron al retorno de Perón, en 1972, para sacarles las castañas del fuego de un rebelión popular fueron los mismos que los derrocaron en 1955. La misma Corte que condenó a Lula, bajo la presión del alto mando militar, en 2018, lo liberó 19 meses después, mediante una artimaña judicial, para que opere como alternativa a lo que se veía como un desastre social y político, en las elecciones presidenciales siguientes.
Nuestro partido, Política Obrera, repudia por anticipado la anticipada condena que se apresta a dictar la Corte, y defiende los derechos políticos de toda persona mayor a los 16 años que no hubiera sido condenada por delitos de sangre y por crímenes de lesa humanidad. Lo que importa para el progreso del pueblo no es la condena política dictada por una oligarquía de togas, sino la superación política del peronismo en desbande, por medio de la experiencia en la lucha y el debate político. La prohibición de los derechos políticos de Cristina Kirchner tiene lugar cuando la ultraderecha gobierna por decreto, pisotea las leyes y la Constitución, reprime las luchas populares, cercena el derecho de manifestación callejera y expresión pública, y apoya al fascismo internacional y a las guerras imperialistas de la Otan.
Jorge Altamira – Marcelo Ramal
