La reforma de la justicia federal anunciada de este domingo 1º de marzo por el Presidente Alberto Fernández fue uno de los puntos aplaudidos viene a intentar resolver un problema creciente del sistema institucional argentino que funciona en espejo: la judicializacion de la política y la politización de la justicia.
Las «falsas causas», la «manipulación de sorteos» y la «arbitrariedad» de las detenciones llevadas a cabo por el fuero federal en los últimos años, le permitió al Presidente hablar hoy de un «oligopolio de los jueces» que necesita ser desarmado”. No estuvo presente el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien adujo estar enfermo al regresar de un viaje a Hawai… Y se lo dijo al Presidente por teléfono.
Los comentarios de algunos medios, no los hegemónicos macristas, claro, indican que no hay un solo magistrado de la justicia argentina, federal u ordinaria que no acepte la situación de desprestigio que tiene hoy el servicio de Justicia, y sobre esa creencia extendida en la sociedad argentina, y también entre sus núcleos de poder, se basó el Presidente para anunciar una reforma que, al menos desde la enunciación, parece venir a cambiar el sistema.
AMPLIAR LA BASE DE JUECES POR LA CORRUPCIÓN
La base de la reforma es ampliar a medio centenar el número de jueces que entiendan en las causas de corrupción, para así no dejarlas en mano de un puñado de magistrados que puedan ser demasiado sensibles a las necesidades político-electorales del oficialismo o de la oposición.
Pero no solo de los jueces federales trata la iniciativa del Ejecutivo, pues también abarcará a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal. “Queremos poner fin a la designación de jueces amigos”, ejemplificó en una parte de este tramo el Presidente. La cara seria del juez Rosenkratz, sentado al lado del estrado presidencial dice todo…
Para la Corte este proceso no es una buena noticia, ya que Fernández habló de «repensar el alcance del recurso extraordinario» ante el máximo tribunal; ni tampoco para el Consejo de la Magistratura, que según el mandatario debe «mejorar su trabajo», pero sí para los fiscales que verán ampliadas sus estructura y facultades.
CREACIÓN DE UN CONSEJO ESPECIAL
Se verá entonces si este espíritu reformista podrá trasladarse a los hechos desde el «Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina», cuya conformación anunció, y que estará integrado por «las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial».
Aún cuando quedan muchas decisiones por conocerse, que el gobierno haya elegido la reforma de la justicia como uno de sus principales ejes de gestión para este año habla de la centralidad que tiene hoy la institución judicial en la política nacional.
