El organismo señala como posibles responsables de los hechos al ex líder montonero Mario Firmenich y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros.
El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada contra los organizadores de la marcha de jubilados e hinchas de fútbol del pasado miércoles, que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.
La presentación fue radicada ante la Justicia Federal, en el juzgado N° 11, y señala como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.
En el escrito presentando por el abogado Fernando Soto, la cartera cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos, y reclamó que se declarara la incompetencia por “inhibición” a la magistrada.
“Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, postularon.
Según Soto, la movilización fue convocada con “consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas”, promovidas por grupos organizados de barras bravas de clubes como Chacarita, Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing de Avellaneda, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, entre otras instituciones mencionadas.
“También convocó a la movilización el exjefe de Montoneros Mario Firmenich a través de un video, aparentemente grabado en España, que se viralizó en redes sociales. Los medios periodísticos informaron la existencia de grupos organizados, ‘profesionales de la violencia’, pagados con la suma de $.50.000 para “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”. Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol (“barras bravas”), sino también del gremialismo y de la política”, postularon.
En la misma línea, remarcaron: “Los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.
“Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero de las 3 Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías”, describieron, y revelaron haber recibido llamados a la línea 134, en el que varios simpatizantes detectaron la presencia de barras bravas de distintos clubes en la protesta.
Asimismo, determinaron como el “principal organizador” de la protesta al histórico dirigente de Chacarita, Leandro Capriotti, al que presentaron como “un amigo y protegido del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo”.
En otro pasaje de la denuncia, hay referencia a los heridos por las fuerzas de seguridad, con especial mención al fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece internado en el Hospital Ramos Mejía producto de una herida en su cabezada provocada por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
Desde el ministerio, intentaron aclarar que el disparo “habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo, que estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en el cruce de los proyectiles que arrojaban las personas violentas que estaban detrás suyo”.
Además, pese a las grabaciones en el que se observa a una mujer mayor de edad ser brutalmente golpeada por un efectivo de la Policía Federal, la funcionaria nacional argumentó que jubilada impactó a policía que “giró para defenderse de la agresión, y luego esa mujer cayó al suelo”.
“La movilización, orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta, buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional, a través del ejercicio del Poder de Policía que ejerce esta Cartera Ministerial», remarcaron, y añadieron: “Constituyó una ‘reunión de personas armadas’ que, bajo el pretexto de ‘atribuirse los derechos del pueblo y peticionar a nombre de éste’, tuvo por objeto impedir a las Fuerzas de Seguridad el libre ejercicio de sus facultades legales”.
Para la cartera que conduce Patricia Bullrich, “la violencia ejercida fue enmascarada en una “protesta social”, cuando en realidad su claro objetivo fue el de ‘desestabilizar’ al Gobierno del presidente Javier Milei”.
