PERJUICIO FISCAL: SE ESTARÍA CONSUMANDO UN REMATE DEL PATRIMONIO PÚBLICO POR DEBAJO DEL VALOR PROYECTADO: 30% MENOS DE LO QUE DIJO CAPUTO

DEUCO, viene sosteniendo una fuerte oposición a la venta de AYSA, dispuesta por el Ministerio de Economía. Entre los argumentos que defendemos está la falta de tasación oficial de la empresa por el organismo autorizado para hacerlo: el Tribunal de Tasaciones de la Nación. DIEGO CHAER, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas ( ATEP ) encargado de la privatización dictó la Resolución 1/2026 que declaró reservado todos los informes de tasación y valuación de los procesos de privatización, acto administrativo que permanece bajo secreto. En la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones ante el cuestionamiento de varios legisladores respecto a la Tasación Oficial que debió llevar a cabo el Tribunal de Tasaciones de la Nación, defendió la decisión que la misma estuviera a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior ( BICE) . Negó que no hubiera habido Tasación Oficial, sostuvo que estuvo a cargo del BICE y manifestó que que no se dió a conocer para no favorecer a las empresas que hicieron la oferta por AYSA. Por su parte, el Ministro de Economía manifestó públicamente que pensaba recaudar entre 450 y 500 millones de dólares por las acciones de AYSA. CHAER aseguró que como mínimo el Estado recaudaría 500 millones de dólares. El resultado de la licitación demuestra que el pronóstico del ministro CAPUTO y del funcionario CHAER no fue acertado, pero señala la necesidad de que se conozca cual fue la Tasación que mencionó CHAER porque de haber sido mayor a lo ofrecido, la Licitación debería ser declarada desierta. No se puede malvender un activo de las características de AYSA, a precio vil. Monto que será recuperado con las nuevas condiciones que le genera el Ministerio de Economía: Actualización mensual de tarifas y ahora la modificación de los Coeficientes Zonales que implican un ingreso adicional de 140 mil millones de pesos. 1. El Marco Legal y la Modalidad «Sin Base» de la Licitación Licitación «Sin Base» (Res. ME 704/2026): El Ministerio de Economía convocó la privatización del 90% del paquete accionario de AySA bajo la modalidad «sin precio base». Sin embargo, la ausencia de base en los pliegos no le quita al Estado la facultad discrecional y la obligación de evaluar la conveniencia económica de la propuesta. Obligación de Tasación Previa (Art. 19 Ley 23.696): La Ley de Reforma del Estado exige una tasación previa de las empresas públicas justamente para que la Comisión Evaluadora tenga un parámetro técnico de referencia antes de aceptar una oferta. 2. Causales para Declarar Desierta o Rechazar las Ofertas 1. Inconveniencia Económica y Distorsión del Valor de Mercado: Si las estimaciones oficiales proyectaban un piso de US$ 500 millones (tal como lo manifestó públicamente la Agencia de Transformación de Empresas Públicas – ATEP), una propuesta de US$ 340 millones representa una quita/subvaluación de más del 30% respecto del piso proyectado. La Administración Pública posee la prerrogativa (Régimen de Contrataciones del Estado, Decreto 1023/2001) de desestimar todas las ofertas presentadas cuando resulten inconvenientes para los intereses del Tesoro Nacional, sin que ello genere derecho a indemnización para los oferentes. 2. Causal de Nulidad por Tasación Secreta u Oculta: La existencia de una tasación reservada/secreta por la Resolución ATEP N° 1/2026 vulnera el principio de transparencia (Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública). Si la Comisión Evaluadora no puede contrastar la oferta de US$ 340 millones con una tasación previa oficial debidamente validada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) y auditada por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la adjudicación incurre en vicio grave de motivación y arbitrariedad, lo que constituye causal de desestimación del proceso. 3. Precedente Inmediato (Caso Intercargo): En el marco del mismo programa de privatizaciones, cuando las ofertas presentadas para la privatización de Intercargo no alcanzaron la pauta oficial esperada, la ATEP declaró frustrada la licitación para volver a convocar bajo nuevas pautas, sentado un antecedente directo de rechazo por pauta económica insuficiente. 3. Argumento Central para Exigir que se Declare Desierta Si el Gobierno decidiera adjudicar el servicio por US$ 340 millones sin dar a conocer la tasación oficial de referencia: Perjuicio Fiscal: Se estaría consumando un remate del patrimonio público por debajo del valor proyectado. Denuncia por Malversación y Violación de Deberes de Funcionario Público: Se ha formulado una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtiendo que adjudicar una empresa pública «sin base» y manteniendo en secreto la tasación oficial configura una irregularidad flagrante que compromete la responsabilidad penal de los funcionarios intervinientes.