LA MARCHA DE LOS INTENDENTES AL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

Intendentes de toda la provincia de Buenos Aires se presentaron en el Ministerio de Capital Humano*, que conduce Sandra Pettovello, para entregar un petitorio donde *reclaman por el desfinanciamiento de los programas alimentarios, destinados a casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes*.

ESPINOZA: “NOS DEBEN 177 MILLONES DE PESOS
En diálogo con la prensa, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, declaró: “Estamos acá porque el gobierno de Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, solo coman 4. Nos están debiendo 177 mil millones de pesos para el programa alimentario escolar. Estamos en una situación crítica. Con estas políticas económicas, están generando una crisis económica y social catastrófica. Hasta ahora el gobernador Axel Kicillof pudo sostener que todos los chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires puedan comer. Son más de dos millones y medio de chicas y chicos”.

NO QUISIERON RECIBIRLES EL DOCUMENTO

“Venimos al Ministerio de Capital Humano, la ministra Pettovello no está. Nadie nos quiere recibir el documento firmado por todos los intendentes de distintos partidos políticos de la provincia: radicales, vecinalistas, justicialistas”, continuó Fernando Espinoza y agregó: “Esto no es democracia. La gente no puede más. Milei, el año pasado le dio 90 mil millones de pesos a su amigo (Marcos) Galperín de Mercado Libre en exenciones fiscales, hoy estamos pidiendo acá los 80 mil millones que faltan para los alimentos de las niñas y niños bonaerenses en sus escuelas”.

“Venimos a exigirle al presidente Milei que cumpla con lo que debe cumplir, no se puede jugar con la comida de nuestras chicas y chicos de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Fernando Espinoza, en la puerta de la sede de Capital Humano donde ningún representante de la cartera nacional recibió el reclamo, sin embargo fuerzas de la policía federal custodiaban el frente ministerial.

Entre los reclamos que presentaron las intendentas e intendentes de diferentes espacios políticos de la provincia de Buenos Aires, se denunció que el Gobierno Nacional recortó el financiamiento del Programa MESA y no cumplió con la actualización de los montos del SAE (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria bonaerense), lo que genera una fuerte crisis alimentaria.

A la Ministra de Capital Humano de la Nación Argentina
Sandra Viviana Pettovello
S________/________D
Por medio de la presente, los Intendentes de la Provincia de Buenos Aires abajo firmantes nos dirigimos al Gobierno Nacional a fin de solicitar la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes al ejercicio 2026 y la incorporación de financiamiento para el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria).
El presente requerimiento se fundamenta en la centralidad que ambos programas poseen dentro del esquema de políticas alimentarias implementadas en la Provincia de Buenos Aires, a través de los Municipios y Consejos Escolares en los 135 distritos, así como en el contexto socioeconómico actual, que demanda el sostenimiento y fortalecimiento de estas herramientas. En efecto, el SAE y el Programa MESA constituyen el dispositivo alimentario de mayor alcance a nivel nacional, garantizando prestaciones que
incluyen desayuno, almuerzo, merienda y refuerzo alimentario para los hogares de más
de 2.500.000 niños, niñas y adolescentes de la provincia.
La situación social actual presenta indicadores que reflejan un escenario de creciente vulnerabilidad. Desde diciembre de 2023, se registra una disminución sostenida del empleo formal, con una pérdida acumulada de 304.322 puestos de trabajo registrados a nivel nacional, de los cuales más de 71.000 corresponden a la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares evidencia que aproximadamente el 30% de los ingresos de los deciles más bajos proviene de fuentes no laborales, lo que da cuenta de una estructura de ingresos caracterizada por la precariedad y una alta dependencia de mecanismos de asistencia.
De acuerdo a datos del INDEC, la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo alcanzó en febrero de 2026 los $658.011, mientras que la Canasta Básica Total ascendió a $1.434.464, con variaciones interanuales del 32,8% y 30,4% respectivamente, lo que evidencia el peso significativo de los alimentos en la estructura de gastos de los hogares.
En materia de precios, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 alcanza el 293%, con especial impacto en el rubro alimentos. Esta dinámica se refleja, entre otros indicadores, en que el 43% de las compras de alimentos se realizan mediante tarjeta de crédito, evidenciando dificultades crecientes en el acceso a bienes esenciales. Por su parte, el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina señala que solo el 16,5% de la población asalariada se encuentra libre de privaciones alimentarias, mientras que el resto enfrenta algún tipo de inseguridad alimentaria.
En relación al Servicio Alimentario Escolar, el análisis de su evolución presupuestaria en términos reales permite advertir una insuficiencia en los montos asignados por el Gobierno Nacional para sostener su nivel de prestación. Durante el ejercicio 2024, el financiamiento nacional alcanzó los $70.500.000.000, cifra inferior a los $104.939.000.000. En 2025, se solicitaron $130.939.000.000, y la nación aportó $77.523.380.480. De 2024 a 2025 el aporte de nación a la provincia aumentó solo en un 10%, mientras que la inflación interanual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC fue de 55,9%.
Para el año 2026, y considerando la evolución de los precios, el requerimiento estimado asciende a $177.000.000.000. Sin embargo, la propuesta vigente contempla un monto de $80.883.953.100, lo que representa un incremento nominal del 4%, muy por debajo de la dinámica inflacionaria observada. En contraste, la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto para el mismo período un incremento del 30% en la inversión destinada al SAE, sosteniendo y fortaleciendo el sistema alimentario en un contexto de creciente
demanda. Esta diferencia en la evolución de los recursos evidencia la necesidad de revisar el esfuerzo relativo entre jurisdicciones, a fin de garantizar un esquema de financiamiento equitativo y sostenible.
En este sentido, es necesario remarcar que la brecha entre lo solicitado y lo aportado se ha profundizado, evidenciando una caída constante del aporte año a año y que tiene como consecuencia una deuda acumulada para con este programa de $220.809.927.276
El Programa MESA, originalmente concebido como una herramienta extraordinaria en el marco de la emergencia sanitaria, se ha consolidado como un instrumento complementario fundamental del SAE en función de las condiciones socioeconómicas vigentes. No obstante, a la fecha, no cuenta con financiamiento por parte del Estado Nacional, siendo sostenido íntegramente con recursos de la Provincia de Buenos Aires, lo que implica un esfuerzo fiscal significativo para garantizar su continuidad.
Es en virtud de lo expuesto, que los Intendentes de la Provincia de Buenos Aires solicitamos la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar, y la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA.
El sistema alimentario que se implementa en la Provincia de Buenos Aires constituye una política pública esencial para garantizar el derecho a la alimentación, particularmente en la población infantil y adolescente. En un contexto social y económico de alta vulnerabilidad, los intendentes de los 135 municipios de la Provincia realizan denodados esfuerzos para continuar acompañando a la población más vulnerable. Asimismo, a pesar de este contexto, la Provincia ha sostenido y fortalecido estas políticas, incrementando significativamente la inversión destinada a garantizar su continuidad. Sin embargo, la magnitud del desafío requiere de una responsabilidad compartida y sostenida entre los distintos niveles del Estado.
La diferencia en la evolución de los recursos asignados por cada jurisdicción pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un esquema de financiamiento más equilibrado, que permita sostener adecuadamente las prestaciones y acompañar el crecimiento de la demanda. En este sentido, entendemos que resulta imprescindible fortalecer los mecanismos de coordinación y corresponsabilidad, a fin de garantizar la continuidad, calidad y alcance de las políticas alimentarias.

Sin otro particular, saludamos atentamente